La Cámara de Diputados convirtió en ley –también ayer– dos proyectos impulsados por Cambiemos: el régimen de Financiamiento Productivo (reforma de capitales), que busca mejorar el acceso al crédito de las Pyme, y la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que tiene como objetivo combatir prácticas monopólicas.El nuevo régimen de Financiamiento Productivo, una vez reglamentado, permitirá apuntalar el desarrollo del mercado de capitales y atraer inversiones.
Política

El Gobierno le solicitará formalmente hoy colaboración a la administración de Donald Trump. Buscará así reasegurar la confirmación del auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Nicolás Dujovne, jefe de Hacienda, se reunirá con David Malpass, el polémico subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro y hombre de máxima confianza de Trump.

En 48 horas, el dólar no detuvo su escalada, las desgracias de la economía argentina ocuparon las tapas de la prensa internacional que leen los inversores y el Gobierno de Mauricio Macri –que durante más de dos años pareció inmune a las consecuencias de sus propias decisiones– sufrió una verdadera sangría de capital político.

El proyecto para incorporar la mediación como una etapa previa y obligatoria a todo proceso judicial del fuero Civil y Comercial fue aprobado casi de forma unánime ayer en la Legislatura. Sólo se abstuvieron los bloques de la izquierda.

BUENOS AIRES. Agrupaciones políticas, sociales y sindicales se congregaron ayer por la tarde en la plaza Congreso para protestar contra los aumentos en las tarifas de servicios públicos, mientras la Cámara de Diputados debatía un proyecto de ley impulsado por la oposición para moderar esos incrementos.

La oposición golpeó al gobierno de Mauricio Macri, en su peor momento en dos años y medio de gestión, al aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece límites a los aumentos de tarifas. La iniciativa ahora será girada al Senado, donde los bloques de Miguel Pichetto y Cristina Kirchner tienen previsto convalidarla. Esto obligará al Presidente a pagar el costo político de vetar la ley.