Mariano Oberlín, párroco de barrio Muller de la ciudad de Córdoba, donde realiza una fuerte tarea social con jóvenes con problemas de drogas, admitió que le ofrecieron ser candidato en las próximas elecciones legislativas, pero que rechazó pasarse a la actividad partidaria.

Buenos Aires, Córdoba. Mientras en Buenos Aires ayer se allanaban las oficinas de la constructora Iecsa, a raíz de las coimas que la firma brasileña Odebrecht declaró haber pagado en Argentina, se conocieron declaraciones de uno de los fiscales federales de Córdoba, Enrique Senestrari, expresando su deseo de que las investigaciones judiciales hagan que caiga el gobierno del brasileño Michel Temer y que, con él, sea arrastrada la administración de Mauricio Macri.El fiscal federal no investiga a Odebrecht. Dice que hay jueces extorsionados. Pide: “Que volvamos a ser el pueblo que gobierna”.

En la teoría política, el Estado es aquella comunidad que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. En la ciudad de Córdoba, cada vez que hay un conflicto gremial en el transporte urbano, ese principio fundacional de las sociedades organizadas es una mera declamación.
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Política

La medida de fuerza ejecutada por los trabajadores nucleados en la UTA admite tres enfoques para su tratamiento.
El primero se refiere a la caracterización del servicio del transporte urbano de pasajeros desde el punto de vista laboral.
Se trata de un servicio público de naturaleza no esencial, conforme lo define la ley 25.877 por remisión a las resoluciones y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en función de las determinaciones del Comité de Libertad Sindical.No puede haber medidas de fuerza si no se cumple con un servicio mínimo.

N. A. es uno de los tantos chicos de Córdoba que ayer no fueron a la escuela.
Tiene 13 años y asiste a segundo año en el Colegio de la Inmaculada, en pleno Centro de la ciudad de Córdoba.
Ayer faltó por el conflicto del transporte urbano. Pero no asistió, más precisamente, por lo que él y su familia habían vivido el viernes último, a causa de un imprevisto corte de servicio dispuesto por la UTA.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudiaron la agresión física y verbal a periodistas, ayer en las afueras del Ministerio de Trabajo de la Provincia, por parte de choferes de la UTA.

Escuchar la entrevista completa en la que al fiscal federal kirchnerista Enrique Senestrari le preguntan por Odebrecht, es entrar al planeta Conspiración.Debe ser casi tan incoherente saber tanto y no hacer nada como calificar de “cáscara” al sistema institucional que le ha encargado a él mismo la responsabilidad de llevar adelante la acusación pública en nombre de la sociedad.
Política

Cinco días después de haber asegurado en la explanada del Palacio 6 de Julio que el intendente Ramón Mestre “pagará muy caro” haber hecho públicos los datos personales junto con el salario de los trabajadores municipales, el secretario general del Suoem, Rubén Daniele, fue imputado ayer por el delito de incitación a la violencia colectiva.El líder del Suoem fue incriminado por el fiscal Guillermo González por un delito que tiene una pena de tres a seis años de prisión.

Tras una jornada en que dejaron a pie a todos los usuarios del transporte urbano y sembraron caos y violencia en varios puntos de la ciudad, grupos de delegados de las empresas prestatarias de ese servicio mantenían anoche tironeos –entre ellos y con la intervención de UTA Córdoba– para resolver si hoy retomaban o no las tareas.Choferes podrían seguir con el paro de actividades hasta hoy a las 8, hora en que se autoconvocan frente a UTA.

Unidades de las líneas 10, 16, 17 y 60 de Coniferal comenzaron a circular, con fuerte custodial policial. Esa empresa, al igual que UTA-Córdoba, acataron la conciliación.
"No estamos de acuerdo con la medida. Los choferes de Coniferal no se prestan para esto", dijo el chofer entrevistado por Canal 8. Una motocicleta de la Policía custodió la unidad en la punta de línea de barrio Las Palmas.Los delegados desconocen la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral. 
Política